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Denuncian la exclusión de opositores a Guardia Civil que se operaron la vista

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La asociación de los Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha denunciado que queden excluidos de las pruebas de acceso para formar parte de la Benemérita aquellos que hayan corregido sus problemas de visión con cirugías intraoculares para cumplir los requisitos que exige el Cuerpo.



El cuadro médico de exclusiones para el ingreso en los centros docentes de la Guardia Civil, publicado en enero de este año en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge que serán descartados los aspirantes que lleven "cuerpos extraños intraoculares" -como lentes fijas- o quienes se hayan realizado alguna cirugía intraocular.

IGC ha presentado una queja dirigida al Defensor del Pueblo al entender que esto supone una "medida involucionista" y una "discriminación no objetiva" contra opositores que hayan demostrado sus capacidades físicas en las pruebas, ha explicado en un comunicado.

Según fuentes de la Guardia Civil, el uso de gafas y lentillas tradicionales no es un motivo de exclusión en tanto que los aspirantes no superen el máximo de dioptrías permitido, esto es, 3 para miopía e hipermetropía y 2 para astigmatismo.

Tampoco serán descartados los candidatos que hayan solucionado sus problemas de visión con operaciones con láser, pero sí quienes mediante cirugía hagan uso de lentes intraoculares permanentes.

IGC ha instado al Gobierno a que se eviten "discriminaciones de este tipo" porque entiende que perjudican a los aspirantes que "por cualquier medio hayan querido poner remedio" a sus problemas de visión.

El representante de IGC Oscar Chía ha explicado a Efe que desde la organización han recibido las quejas de opositores que, este año, "tras haber invertido su tiempo y dinero, no podrán acceder a las pruebas" por los cambios que presenta el cuadro médico de exclusiones publicado en el BOE.

Entre esas modificaciones se encuentra la reducción de la estatura mínima exigida a 1,60 para hombres y 1,55 para mujeres, así como el máximo de dioptrías permitidas, que han pasado de ser 2,5 en 2018 a 3 este año.

Todo ello ampliaría el espectro de candidatos que podrían presentarse a las pruebas de no ser por otros cambios, como el que apuntan desde IGC, que califican de "involución", añaden la asociación.

Además, IGC ha lamentado que las autoridades e instituciones "no cumplan" con lo que expresan públicamente respecto a "integrar personas discapacitadas en las Administraciones Públicas", por lo que han pedido al Gobierno "su intervención".

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