Tres miembros de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE, críticos con Pedro Sánchez, han registrado un escrito en el que dan 24 horas para que se reúna este órgano con el fin de emitir un informe sobre si la Ejecutiva ha quedado disuelta tras la dimisión de 17 de sus miembros.
En la solicitud, al que ha tenido acceso EFE, se advierte de que, si no se convoca a la comisión en ese plazo, redactarán un dictamen dando su opinión "fundada en derecho" sobre la disolución de la dirección y si es preciso nombrar a una gestora.
Los tres miembros de la comisión que firman el texto son María Jesús Montero, Inés Ayala y Wilfredo Jurado, que han tomado esta medida después de que la presidenta del órgano, Isabel Celáa, afín a Sánchez, haya rechazado convocar una reunión.
El quinto miembro es Félix Bolaños, que ejerce de secretario y al que se le sitúa también en el entorno de los partidarios del secretario general.
La pretensión de los críticos es que la Comisión de Ética y Garantías, donde tendrían mayoría, se reúna antes del Comité Federal del sábado, convocado por la Ejecutiva de Sánchez para debatir y votar su propuesta de celebrar un congreso y primarias cuanto antes.
Los tres vocales del órgano arbitral han promovido el escrito ante "la presidenta del Comité Federal", cargo que ha venido ocupando la dirigente andaluza, Verónica Pérez, quien hoy se ha declarado "la única autoridad" en el PSOE ante la disolución de la Ejecutiva de Sánchez.
Sin embargo, Ferraz niega que Pérez ocupe esta presidencia al no ser un cargo orgánico, sino que se elige cada vez que se reúne el Comité Federal.
Montero, Ayala y Jurado se quejan de que no han podido localizar a Celáa, a pesar de que han intentado contactar por teléfono con ella para que convoque la comisión "con la urgencia que merece la situación".
"Agotados todos los medios posibles y razonables para cumplir con las obligaciones" es por lo que los tres firmantes se sienten "impedidos" para ejercitar las funciones previstas en las normas del partido.
La Comisión Federal de Ética y Garantías, que adopta sus decisiones por mayoría, es la encargada de que las actuaciones de los órganos de dirección se ajusten a los estatutos.
