El ex secretario general del PP de Valencia fue señalado como el que obligaba a cobrar facturas falsas
n n n El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa se plantea hacer "revelaciones" en el juicio a la rama valenciana de Gürtel después de que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, le señalara como la persona que le obligó a cobrar por sus servicios por medio de facturas falsas a empresarios.
La confesión que hizo el pasado martes Correa causó un terremoto en el banquillo y provocó que el juicio quedase interrumpido 48 horas para permitir a las defensas de dos de los principales acusados, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, "El Bigotes", negociar un acuerdo con la Fiscalía. Por el momento, esta es una posibilidad que la defensa de Costa no se plantea, pero si prevé hacer "revelaciones" con el objeto de desprenderse de la acusación directa que hizo Correa hacia él.
Respecto de Crespo y "El Bigotes", los esfuerzos de los abogados se centran en garantizarse la aplicación de atenuantes por confesión y reparación del daño, tal y como hizo en su día Francisco Correa al dirigir un escrito al juez central de lo penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, que está enjuiciando estos hechos.
En ese escrito, Correa confesaba los modos irregulares en que le pagó el PP valenciano por actos de campaña en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008, si bien no fue hasta su declaración en la vista cuando desveló el nombre de Costa. En concreto, dijo que Crespo se había reunido con Costa y que éste le había dicho que tenían que facturar sus trabajos a empresarios, por lo que ahora Crespo, y el propio Costa, deberán corroborar o no esta afirmación.
primeros pactos
Los primeros en pactar con la Fiscalía en esta causa, meses antes de que comenzara el juicio, fueron los nueve empresarios acusados de pagar comisiones al PP a cambio de adjudicaciones, quienes han reconocido que financiaron de forma irregular a la formación.
A estos les siguió Correa, que con su inesperado dardo a Ricardo Costa ha creado un efecto dominó en otros acusados que se están replanteando la línea de defensa y la posibilidad de alcanzar un acuerdos para atenuar las condenas.
Si finalmente Crespo y Pérez hacen una confesión sobre cuál fue el procedimiento utilizado por el PP valenciano para pagar los actos que contrató con Orange Market, se sumarían a los acusados que ya han afirmado que el PP de la Comunidad Valenciana se financió de forma ilegal.
De las 19 personas que se sientan en el banquillo, ya han reconocido los hechos que Anticorrupción considera delictivos 10 de ellos, entre los que se encuentran Correa; Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Vicente Cotino y otros ocho empresarios.
A estos movimientos en el juicio de la trama Gürtel ya comenzaron las primeras reacciones. El secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Estañ, aseguró que "la confesión de Correa parece que va a suponer una reacción en cadena de acusaciones y confesiones" y "será la primera vez que, en sede judicial y por boca de sus responsables, se confiesa la agresión sufrida por el pueblo valenciano a manos del PP".
Por su parte el ministro de Justicia, Rafael Catalá, instaba ayer a esperar a sentencias firmes y "no anticipar las decisiones judiciales, ni condicionar tampoco el estado de opinión social sobre esas decisiones", en relación con el caso Gürtel.
Crespo y el "Bigotes" buscan una rebaja de su pena con la confesión
El exsecretario de Organización del PP de Galicia y "número dos" de la Gürtel, Pablo Crespo, y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez "El Bigotes" confesarán mañana ante el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia "datos relevantes" sobre la financiación ilegal del PP valenciano liderado por Francisco Camps buscando una rebaja de su pena.
Fuentes jurídicas informaban ayer de que las defensas de estos dos responsables de la trama Gürtel se habían reunido con la Fiscalía Anticorrupción para tratar este cambio de estrategia. No obstante el encuentro habría concluido sin ningún pacto, ya que el Ministerio Público prefiere esperar a escuchar sus declaraciones antes de decidir si disminuyen los años de prisión que piden para ellos, han precisado las mismas fuentes.
Los fiscales del caso Myriam Segura y Carlos Alba solicitan 22 años de prisión para Crespo y 27 para "El Bigotes" por tres delitos electorales, otro de falsedad documental y varios contra la Hacienda Pública.
Según explicó Correa en su acusación, se enteró de esta exigencia por Pablo Crespo, que era el que llevaba "el día a día" de las empresas de la Gürtel y el que se reunía con Costa para concretar estos detalles. Añadió que su mano derecho se enfadó al conocer las indicaciones porque su "actividad anterior era político" y sabía el "problema" que esto podía conllevar. Ante esta situación, los abogados de Crespo y Pérez, Miguel Durán y José Javier Vasallo, respectivamente, solicitaron al juez la suspensión de la vista.n
