El arzobispo emérito de Zaragoza, monseñor Manuel Ureña, suspendió ayer su asistencia al acto de inauguración en Zaragoza de la exposición 'Cristianos perseguidos hoy' organizada por la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, supuestamente por "cambio de agenda".
Su ausencia del acto llegaba después de que se conociera que su renuncia, aceptada por el papa Francisco el pasado 12 de noviembre, podría estar relacionada con una indemnización a un diácono, según publicaba ayer el periódico 'Heraldo de Aragón', que asegura que el Vaticano destituyó al arzobispo tras tener conocimiento de la misma a través del propio Arzobispado.
Así, este diario señalaba ayer que Ureña autorizó el pago de una indemnización de 60.000 euros a un joven diácono de Épila, al que había decidido no ordenar sacerdote, para que pudiera rehacer su vida tras un posible caso de acoso -según apuntaban ayer otros medios- y cursar estudios universitarios. Además, el arzobispo se comprometió a abonar la parte que correspondía a Hacienda, 45.000 euros. La indemnización se hizo el 6 de noviembre a través de transferencia bancaria.
Desde el propio Arzobispado se cuestionó la forma y los motivos de la elevada indemnización y se trasladó el asunto a la Santa Sede. Pocos días después, el pasado 12 de noviembre, el papa Francisco aceptó la renuncia de monseñor Ureña, en conformidad con el artículo 401.2 del código de Derecho Canónico, según informó el Vaticano a través de un comunicado de prensa.
Ese mismo día, desde el Arzobispado se indicaba que monseñor Ureña, de 69 años y natural de Albaida (Valencia), abandonaba su cargo por motivos de salud. Él mismo, en rueda de prensa, justificó su renuncia debido a su mala salud y a las operaciones que se había sometido. Hay que "tener una salud de hierro" para estar al frente de la Diócesis, dijo en ese momento.
Asimismo, manifestó que "hace más de un año" que le daba "vueltas al asunto" y "he creído en conciencia, que debía presentar la renuncia" por razones de salud, algo que "pasa todos los días en la Iglesia", donde hay cerca de 4.000 obispos.
El Consejo de Consultores, integrado por diez prebísteros y que asesora al administrador diocesano de Zaragoza, Manuel Almor, tenía previsto abordar ayer el asunto de la indemnización.
