Gabriel y su abogado en Suiza, Olivier Peter, consideraron ya el martes "ilícita" una eventual solicitud de extradición por parte de España. Tras conocer la decisión del juez Llarena, la dirigente de la CUP pidió en declaraciones a la cadena catalana TV3 desde Ginebra el archivo de la causa y la libertad de los independentistas "perseguidos".
Gabriel, que de momento solo ha hablado con medios suizos y catalanes, reiteró que el motivo por el que rehusó ayer declarar ante el juez es que "las resoluciones judiciales que se dictan se escapan mucho de lo que sería normal en un Estado democrático" y se les aplica a los independentistas "un Código Penal como enemigos".
También dijo que su intención al permanecer en el país alpino es contestar una eventual demanda de extradición y "colocar ante un espejo al Estado español" para denunciar internacionalmente que se les persigue por "hechos estrictamente políticos". "Los delitos que nos atribuyen no existen, no hemos provocado violencia, hay simplemente una persecución política, y nos quieren humillar y castigar", opinó. Preguntada por si su decisión de no comparecer ante el TS puede perjudicar a los que están en la cárcel, ha replicado que "las conductas penales tienen que individualizarse".n
