El sindicato CIG advierte del fraude a Seguridad Social y Hacienda de empresas que no cotizan por el 'sobretrabajo'
n n n El sector de la construcción de Vigo y la provincia de Pontevedra ha perdido más de 28.000 empleos desde el año 2007, justo antes de iniciarse la crisis económica, lo que supone una caída en la afiliación a la Seguridad Social del 55,4%. En 2007 había en Vigo y la provincia 51.000 personas afiliadas en este sector (entre construcción y actividades inmobiliarias) y en junio de 2014, último dato disponible, son 22.800.
La situación se ha estabilizado en el último año, entre junio de 2013 y junio de 2014, cuando el descenso de afiliaciones en la provincia ha sido de un 1% en este sector. La mayoría de los trabajadores están afiliados al régimen general, 13.700 frente a los 39.000 que había en 2007 y otra parte son autónomos, 9.000 frente a los 12.000 de hace siete años.
Los datos proceden del Instituto Galego de Estatística pero ayer salieron a la luz en un informe del sindicato CIG para poner el foco en la situación de los trabajadores de este sector. Para el sindicato “los datos evidencian la dramática situación que sufren miles de trabajadores del sector y sus familias, ya que buena parte de los afectados agotaron las prestaciones y subsidios de desempleo” a lo que se suma que la edad media es elevada.
cotización
El sindicato señala que, de forma paralela a la destrucción de empleo, “crecen la explotación y los abusos contra los trabajadores en activo”, prácticas que, precisa la CIG “representan un fraude a la Seguridad Social y Hacienda que se perpetra a la vista de todo el mundo al no cotizar por ese sobretrabajo, ya que o no se paga o se paga por fuera en cantidades muy inferiores a las pactadas en los convenios colectivos”.
La Federación de Construcción y Madera de la CIG recuerda que lleva años denunciando estas prácticas empresariales, fundamentalmente en la obra pública, aunque ahora se ha extendido a otros subsectores de la construcción.
Así que avanzan que además de las denuncias a la Inspección de Trabajo y la concreción de futuras movilizaciones, el sindicato valora la posibilidad de denunciar ante la Fiscalía a los responsables de las constructoras que realizan estas prácticas “ya que el vigente Código Penal especifica que aquellos que abusando de la situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su cargo condiciones que vulneren los acuerdos colectivos podrán ser castigados con penas de prisión”, recuerda el sindicato. n
