El número de procedimientos cae y la ciudad reduce un 5% su peso en los casos registrados en la comunidad
nnn El Consello Galego de Economistas presentó ayer el Atlas Concursal, un documento en el que analizan la realidad empresarial de la comunidad a través del análisis de los datos de procedimientos concursales. De ellos se extrae que Vigo y la provincia representaron en el año 2016 el 27% de los concursos que se llevaron a cabo en Galicia, 71 de 262. Esto supone que el número de procedimientos concursales cayó en la ciudad y su área un 11% y el peso en el total de la comunidad se ve reducido en un 5%.
El documento ofrecido por los economistas señala que los tres principales sectores productivos de los que proceden los concursos son el comercio, la construcción y la industria.
Los datos en los que se fundamenta este análisis también revelan que las empresas que más recurren a este procedimiento, que permite reordenar la deuda para garantizar la continuidad de la empresa o liquidarla de forma ordenad, son las pequeñas o de un solo trabajador (autónomos). En 2016, el 58,46% de las empresas que entraron en concurso eran de entre uno y nueve trabajadores; el 17,21% tenían entre 10 y 49 empleados y 16,84% son autómos. Apenas un 3,68 son grandes empresas.
En las conclusiones del Atlas, los economistas reflexionan sobre esto dado que la micropyme "es mayoritaria en España, debería incluirse una regulación específica en la Ley Concursal para este tipo de empresas que supusieron en 2016 el 52% del total de concursos".
Tal y como refleja el estudio, "la dimensión de las empresas que entran en concurso es cada vez menor, tratándose cada vez más de micropymes de tamaño muy reducido". Los economistas creen que en una próxima reforma concursal "habría de tener en cuenta las diferentes particularidades que existen entre autónomos, micropymes, pymes y medianas y grandes empresas".
En este sentido se expresó el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, presente ayer en el acto, que abogó en su intervención por "cambios legislativos" para facilitar que los procedimientos para reembolsar a los acreedores sean "más cortos".
Pich señaló que el "sistema judicial tan legalista" vigente en España supone que los procesos a los que concurren los acreedores de las empresas en quiebra son "demasiado largos".
Por ello pidió a las autoridades a hacer reformas legales para establecer un "procedimiento razonable" y pidió revisar la "posición excesivamente ventajosa" que en su opinión tienen determinados organismos públicos como la Seguridad Social o la Administración de Hacienda.
Por su parte, el presidente de la asociación de economistas forenses Refor, Alfred Obiol, opinó que en España hay un "problema psicológico", un "estigma" hacia aquellas personas que han sufrido una situación de quiebra empresarial.
"A nadie les gusta esta en concurso" de acreedores, "y eso que es una palabra más suave" que la utilizada hasta la reforma legal de 2004, que era de quiebra, porque "sonaba mucho más fuerte".n
