El Ejecutivo francés presenta el plan de reducción del gasto público en 50.000 millones de euros
El primer ministro francés, Manuel Valls, anunció ayer un drástico plan de ajuste del gasto público que afectará a los sueldos de los funcionarios, las pensiones y las prestaciones sociales, que quedarán congelados. Valls, en una declaración sin preguntas al término del Consejo de Ministros, detalló el plan de reducción del gasto en 50.000 millones de euros (unos 69.000 millones de dólares) en los tres próximos años, destinado en primer lugar a financiar el llamado "pacto de responsabilidad" para reducir masivamente las cotizaciones sociales que pagan las empresas para mejorar su competitividad.
Con ese "pacto de responsabilidad" -explicó- se pretende "bajar el costo del trabajo" para "dar al tejido económico la capacidad para afrontar mejor la competencia, desarrollar mejor sus actividades y ponerse a contratar, sin que sea necesario cuestionar nuestras reglas sociales, en particular el salario mínimo". Una alusión directa a la propuesta lanzada el miércoles por el presidente de la patronal, Pierre Gattaz, que propuso la creación de una retribución por debajo del nivel del salario mínimo para jóvenes o personas que llevan mucho tiempo alejadas del mundo laboral, pero con carácter temporal.
Pero la parte que más caló de los anuncios del primer ministro socialista fue que se van a congelar los sueldos de los funcionarios, y que lo mismo ocurrirá hasta octubre de 2015 con las pensiones, salvo las más bajas, y con las prestaciones sociales, a excepción de las de subsistencia. "No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades", afirmó Valls, quien recordó que el gasto público en Francia representa el 57% del producto interior bruto (PIB), y que la deuda, que era del 50% del PIB en 2002, había subido al 90% al terminar el mandato del presidente conservador, Nicolas Sarkozy, en mayo de 2012, y ahora es superior.
Garantizó que Francia cumplirá sus compromisos de disminución del déficit público, y lo justificó no porque sea una imposición de las instancias europeas sino porque "es la base de la credibilidad y de la confianza", y también para obtener "margen de maniobra para invertir" y asegurar el futuro del "modelo social" francés. Valls indicó que el número de funcionarios seguirá disminuyendo, salvo en la educación, la seguridad y la justicia, y que se recortarán las dotaciones para la sanidad pública en 10.000 millones de euros en el periodo 2015-2017.
Aseguró que eso no se traducirá ni en una reducción de la cobertura de los pacientes ni en un empeoramiento de la calidad de la atención, sino en medidas como la cirugía ambulatoria, es decir altas hospitalarias el mismo día que se hace una operación, en un mayor recurso a los medicamentos genéricos y en mayor control de las recetas.
rechazo socialista
Las palabras de Valls provocaron una reacción virulenta del ala más izquierdista del mismo Partido Socialista, algunos de cuyos miembros advirtieron de que no votarán esas medidas cuando se sometan a la Asamblea Nacional el próximo día 30. Así, el diputado socialista Christian Paul afirmó que no habían sido elegidos en los comicios de 2012 "para organizar el empobrecimiento de los franceses más modestos" y que "estas propuestas son, tal cual, inaceptables".
En la misma línea, la senadora socialista Marie Noelle Liennemann denunció que el dispositivo constituye "una aberración socialmente inaceptable", además de ser "lo mismo que se hizo en el sur de Europa, y que ha sido una catástrofe". El jefe de los diputados socialistas, Bruno Le Roux, pidió a sus filas que "guarden sus nervios". n
