No establecerá un criterio definitivo sobre el impuesto hasta reunirse el pleno el 5 de noviembre
n n n El Tribunal Supremo (TS) aplazó hasta el próximo 5 de noviembre su decisión sobre el controvertido criterio que atribuye el impuesto de las hipotecas a la banca, que desde que se conoció el fallo, el pasado jueves, ha perdido cerca de 8.200 millones de capitalización en Bolsa.
Tras conocerse que el Supremo se ha dado dos semanas de plazo, el portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal del sector, José Luis Martínez Campuzano, dijo ayer que hasta conocer la postura final, "cada banco tomará las decisiones que considere oportunas de acuerdo a su propia política comercial".
De momento, los principales bancos españoles han retirado de sus páginas webs la información disponible sobre las hipotecas, a la espera de que el alto tribunal aclare si es la entidad o el cliente el que deberá hacerse cargo del impuesto asociado a estos créditos. Asimismo, algunas entidades están revisando las condiciones de los préstamos hipotecarios, y tampoco están ofreciendo esta información en sus oficinas, aunque no han suspendido la firma de hipotecas.
El Consejo General del Notariado ha aconsejado a estos profesionales seguir autorizando las escrituras que ya estaban previstas, informando a sus clientes del contenido del fallo, pero advirtiéndoles claramente de que hasta que no se conozca el desenlace "no es posible determinar" quién tiene que pagar el impuesto.
La reunión entre el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y los seis magistrados de la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo que redactaron la sentencia constituye ya un caso inédito, así como que se revise en un pleno.
El impacto para el sector financiero, en caso de que se confirme que deben hacerse cargo del impuesto, es enorme, y ya provocó un desplome de la cotización bursátil el día que se conoció el fallo, mitigado en parte al día siguiente, cuando el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, informó de que dada la "enorme repercusión económica y social" del fallo se estudiaría su aplicación.
inseguridad jurídica
Sobre ello se pronunció la ministra de Economía, la coruñesa Nadia Calviño, quien ha insistido en que "lo mejor es que cuanto antes se aclare la situación" ya que el tribunal "ha abierto una cierta inseguridad jurídica" en un tema con implicaciones sobre los ciudadanos, la banca y las arcas públicas.
El coste que puede tener para las entidades financieras asumir este gravamen no está claro, aunque los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifran en 3.631 millones de euros el importe abonado por 1,5 millones de contribuyentes en los últimos cuatro años, que es el período no prescrito. De ellos , 63.222 contribuyentes gallegos podrían reclamar la devolución del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas de los últimos cuatro años a las comunidades autónomas si finalmente se confirma que son los bancos, y no los hipotecados, quienes deben soportar este gravamen. En el conjunto del estado serían 1.564.424, según los datos de Gestha.n
