CIG y CSIF reiteran su rechazo al acuerdo, que fue firmado por CCOO y UGT
La Xunta abonará ya en la nómina del presente mes de enero la subida del 2,25% del salario de los empleados públicos en virtud de la aplicación del acuerdo firmado el pasado martes por el Gobierno gallego con los sindicatos CCOO y UGT. El DOG publicó ayer la orden de confección de nóminas para el año 2019 de la Consellería de Facenda y que supone un incremento medio anual de 810 euros por trabajador, una medida ya recogida en los presupuestos autonómicos para el año recién iniciado.
Según el departamento que dirige el conselleiro Valeriano Martínez, la Xunta prevé que en torno a 100.000 funcionarios gallegos se verán beneficiados por la medida, entre los que se incluyen los empleados de los servicios públicos autonómicos, las universidades públicas y los centros de enseñanza concertados. Además, el acuerdo de concertación social también establece que los empleados públicos percibirán una subida salarial del 0,25% a partir del 1 de julio de 2019. La Xunta recuerda que este porcentaje "está condicionado al cumplimiento por parte del Reino de España del objetivo de evolución del PIB del 2,5% correspondiente al anterior ejercicio, es decir, al año 2018".
Por su parte, la CIG reiteró su rechazo al acuerdo suscrito por los sindicatos UGT y CCOO con la Administración autonómica y que tampoco fue firmado por CSIF. En un comunicado, la central nacionalista recordó que CIG y CSIF "ostentan la mayoría absoluta" en la mesa general de negociación de los empleados públicos y que el acuerdo fue rechazado en las cinco mesas provinciales -Servicios centrales, A Coruña, Vigo, Ourense y Pontevedra-.
Los motivos expuestos por la CIG para rechazar el acuerdo de la carrera profesionales radican en que este sistema "supone un agravio comparativo y una discriminación con el personal de otras administraciones públicas, no solo de otras comunidades autónomas, sino incluso dentro de la propia Comunidad gallega". Además, la central cree que el sistema acordado "establece limitaciones respecto al personal temporal e interino al impedirles acceder al encuadramiento extraordinario" y fija "unas discriminaciones intolerables entre los propios funcionarios de carrera de la Xunta".
