En el resto de Galicia las negociaciones están paradas a la espera de lo que se pacte en Vigo
El nuevo convenio del metal de la provincia de Pontevedra se estanca cuando se cumplen casi cuatro meses de negociaciones y con la presión del periodo vacacional a la vuelta de la esquina. La revisión de los salarios es el punto más conflictivo que divide a ambas partes y se volvió a constatar ayer en Vigo en la reunión que mantuvieron, la decimotercera.
Las patronales no modificaron su propuesta inicial (subirlos un 0,25% en 2015 y en 2016) y argumentan que "todavía no hay recuperación en el sector que pueda permitir tal incremento", indica Enrique Mallón, portavoz de la parte empresarial.
En todo caso, los empresarios estarían dispuestos a mejorar levemente la oferta si los sindicatos aceptan otras modificaciones como que no se limite el uso de las ETT en casos puntuales como picos de producción imprevistos. También plantearon que el plus de eventualidad se abone al final del contrato y no mes a mes.
Los representantes de los trabajadores advierten que "no se va a permitir un deterioro de las condiciones laborales" ni "un convenio peor al actual" y piden a la patronal una "profunda reflexión" y una "propuesta madura" que debería pasar por una mejora salarial sustancial, apunta Ramón Sarmiento, secretario comarcal de industria de CC OO.
Por el momento, los sindicatos no han presionado con ninguna huelga y esperan que la negociación pueda desatascarse en la próxima reunión (martes 2 de junio) y llegar a un acuerdo en junio. "Estamos siendo muy transparentes y nadie está pensando en ningún escenario de movilizaciones, pero queremos propuestas concretas y mejoradas porque el temario ya está más que repasado", indica Sarmiento.
En el único punto en que están de acuerdo ambas partes en en la duración del convenio, dos años, y en la necesidad de que la negociación no se prolongue más allá del verano para evitar "un escenario económico más complejo", explica el sindicalista.
La magnitud del convenio provincial del metal es tal -afecta a más de 4.000 empresas y 30.000 trabajadores- que se toma como referencia en España y en Galicia, donde en el resto de las provincias las negociaciones en este sector están paralizadas a expensas de lo que se pacte en Vigo.n
