AUTOPISTAS PORTUGUESAS

Portugal planta cara al impago español de peajes

El gobierno luso sitúa en el 20% el nivel de fraude en este tipo de autovías. 

Las autoridades portuguesas iniciaron una campaña especial durante la Semana Santa para reforzar los controles dirigidos a certificar que los conductores extranjeros paguen los peajes electrónicos. Según informó un portavoz del organismo estatal encargado de la gestión de la red viaria lusa, Estradas de Portugal, esta iniciativa está encaminada especialmente a los turistas españoles, los más numerosos en suelo luso durante las fechas de Pascua.

Este "mayor esfuerzo en fiscalización" pretende reducir el número de conductores que circulan sin pagar por sus autopistas de peaje, que, en muchos tramos, funcionan únicamente a través de pórticos electrónicos. De este modo, el usuario debe adquirir previamente un sistema de pago, ya que en algunos puntos no existe barrera física que obligue a detener el vehículo."En una primera fase el objetivo era pedagógico, para informar, cuando el control no era tan estrecho, pero ahora han pasado cuatro años -desde la entrada en vigor de estos peajes- y hemos decidido pasar a la siguiente fase", explicó la fuente.

Nivel de fraude

El nivel de fraude en estas vías llegó a rondar el 20 por ciento, según datos de Estradas de Portugal (Carreteras de Portugal), que asegura que se han ido reduciendo los casos de impago. Ahora, las autoridades lusas instalarán puntos de control en las carreteras con mayor volumen de tráfico de extranjeros para "verificar" si cuentan con un dispositivo de pago adecuado.

En el caso de no tenerlo, serán obligados a adquirirlo "in situ", aunque por el momento no serán aplicadas sanciones, recurso que se utilizará "en una próxima fase". La implementación de los peajes electrónicos comenzó en el año 2010, con la conversión de antiguas autovías en autopistas de pago.

El proceso vino acompañado de polémica tanto en Portugal como en España, ya que varias de esas carreteras son fronterizas con las regiones autónomas de Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Galicia. "Reconocemos que los sistemas implementados en 2010 presentaban un conjunto de limitaciones que dificultaban su comprensión por parte de los clientes", dijeron las fuentes.

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