Los asesores fiscales vaticinan una fuga de capitales por la anunciada tasa a las transacciones
Unidos Podemos reclamó al Gobierno elevar la presión fiscal al sector financiero, las grandes fortunas, las grandes corporaciones, y las compañías eléctricas para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2019. El grupo confederal cree posible recaudar más de 10.500 millones de euros adicionales para poder financiar en las cuentas del próximo año un paquete de medidas sociales que incluyen varias de las propuestas que plantea al Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellas un nuevo bono social eléctrico y una tarifa energética reducida para la primera residencia.
En el plan de Unidos Podemos para elevar la presión fiscal se incluyen tanto el aumento de las tasas como la creación de nuevos tributos, como el de transacciones financieras (con el que esperan recaudar 1.300 millones, una tasa a grandes empresas digitales (1.200 millones) y a las grandes fortunas (1.500 millones).
Entre los impuestos que la coalición de izquierdas propone subir destaca el impuesto específico a la banca (elevaría 10 puntos el tipo impositivo de Sociedades al sector durante cinco años para recuperar el dinero del rescate, con una recaudación esperada de 1.000 millones el primer año. Asimismo, han presentado un conjunto de medidas para aumentar la recaudación en el Impuesto de Sociedades, fijando un suelo del 15% -el 20% para entidades financieras y empresas de hidrocarburos- y limitando las exenciones y las compensaciones fiscales.
advertencias
Las asociaciones de asesores fiscales Aedaf y Asefiget alertan de que la puesta en marcha de un impuesto a las transacciones financieras en España podría desembocar en una fuga de capitales, por lo que ponen la atención sobre el diseño que se dé a este tributo. Pedro Sánchez anunció a principios de septiembre que el Ejecutivo estudia implantar un impuesto a las transacciones financieras o "tasa Tobin", una iniciativa que ya formaba parte de los presupuestos alternativos del PSOE cuando estaba en la oposición y que vendría a sustituir al anunciado tributo para la banca.
En las últimas semanas, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha concretado que este impuesto tomará como modelo el gravamen francés, en funcionamiento desde 2012, aunque "habrá que adecuarlo a la realidad española". La tasa francesa grava con un tipo del 0,3 % la adquisición de acciones de empresas cuya capitalización bursátil supera los 1.000 millones de euros, un cargo que recae sobre el comprador pero que liquida el intermediario de la operación.
Adicionalmente, grava dos conceptos que buscan perseguir la especulación. En primer lugar, grava con un 0,01 % las operaciones sobre valores con alta frecuencia en el mismo día, es decir, cuando un operador residente en Francia efectúe más del 80 % de las operaciones sobre un determinado valor en un día. En segundo, grava la compra de seguros de impago de deuda (CDS) de bonos de países de la Unión Europea. n
