El sector cree que el producto local tiene más inspecciones a pesar de la red criminal que introduce el bivalvo
La entrada de almeja tóxica ilegal procedente de Portugal a través de la frontera no sienta bien al sector marisquero local. Clemente Bastos, patrón mayor de la Cofradía de San Juan de Redondela, explica que el sector lleva años reclamando a la Xunta un mayor control sobre este bivalvo, que en la mayor parte de las ocasiones entra impunemente en España y que es adquirido por hasta veintena de empresas ya identificadas por la Policía Marítima lusaz.
En 2017, la Consellería do Mar confirma que se requisaron 9 toneladas de almeja japónica sin documentación portada en vehículos con matrícula portuguesa en tres operaciones llevadas a cabo por Seprona y Gardacostas de Galicia.
Clemente Bastos señala que el rumor sobre la entrada de estas almejas, publicado por Atlántico el pasado domingo, "siempre nos suena" y señala que en anteriores encuentras "estamos machacando que se hagan controles, no solo con lo que viene de Portugal, también de Francia o Italia, donde últimamente hubo una pandemia". Bastos cree que "la mercancía de aquí se controla y la de fuera no", en referencia al numeroso cúmulo de decomisos que anuncia periódicamente la consellería do Mar, tanto de pescados o mariscos como de aparejos de pesca ilegales empleados por los furtivos.
Desde el año 2012 la Policía Marítima portuguesa tiene constancia de una red que se dedica a extraer almeja del estuario del Tajo, donde los bivalvos están contaminados de la bacteria E.Coli y por metales pesados. El fenómeno ha crecido hasta convertirse en un problema de seguridad nacional, lo que obligó a los Serviçoa de Informaçao e Segurança a elaborar en mayo del 2017 un informe que relaciona esta actividad con el tráfico de seres humanos, de armas, violencia, robos o intentos de homicidio.
A diario más de 1.700 personas, en su mayoría inmigrantes de diferente procedencia -sobre todo rumanos o tailandeses- faenan en el estuario lisboeta. Muchos lo hacen tras haber sido engañados y viven en condiciones de penuria en almacenes que les alquila la propia red mafiosa en las inmediaciones del puerto.
El Gobierno portugués confía en atajar el problema cons la construcción de una depuradora que permita legalizar la recogida de almeja en esta zona para su posterior tratamiento y venta. El proyecto está previsto, de momento, para el próximo año.
