No tendrán que declarar la plusvalía si destinan el resultado de la transacción a renta vitalicia
Los mayores de 65 años que vendan cualquier tipo de activo, no sólo inmuebles, sino también acciones u objetos de valor, para dedicarlo a una renta vitalicia que complemente su pensión no tributarán en el IRPF por la plusvalía generada en dicha venta, según anunció el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, durante su participación en 'El Ágora' de 'El Economista'. Ésta es una de las novedades que incluirá el Gobierno en el proyecto de ley de reforma fiscal que aprobará este viernes el Consejo de Ministros, ya que en el anteproyecto inicialmente presentado no figuraba esta medida, solicitada desde el sector financiero y de seguros.
"Es perfectamente oportuno en este momento que los mayores de 65 años tengan la capacidad de hacer líquido cualquier bien material que tengan para dedicarlo a una renta vitalicia que complemente su pensión", subrayó Ferre, quien afirmó que este tipo de seguros es una figura que está creciendo y que el Gobierno estima que debe potenciar fiscalmente.
En la misma línea, el proyecto de ley también incorpora otra mejora respecto al anteproyecto, relativa a la fiscalidad de los productos de ahorro sistémico, al rebajar de diez a cinco años el periodo mínimo de tiempo de la inversión para beneficiarse de una menor fiscalidad.
un tributo nuevo y distinto
Según Ferre, el IRPF que salga de la reforma fiscal será un tributo "nuevo y distinto" y supondrá mucho más que remontarse al impuesto que había en 2012, cuando el PP llegó al Gobierno, ya que los tipos y los tramos son diferentes y se beneficia especialmente a las rentas medias y bajas, aquellas con salarios inferiores a los 24.000 euros anuales.
"Porque es justo y ningún efecto macroeconómico se puede conseguir si la rebaja fiscal no beneficia al tramo donde se encuentra el mayor número de contribuyentes", justificó el secretario de Estado, quien aseguró que el momento actual es el "idóneo" para llevar a cabo una reforma fiscal, que en conjunto dejará en manos de los contribuyentes 9.000 millones de euros y tendrá un efecto sobre el PIB del 0,55% en dos años.
Ferre afirmó que se trata por tanto de una reforma global, y lamentó que "parece que se limita a una medida, que sigue coleando", en relación con la tributación de la indemnización por despido. En este sentido, señaló que finalmente se ha optado por elevar a 180.000 euros el mínimo exento, "de acuerdo y en consonancia con las aportaciones de los agentes sociales, especialmente de las organizaciones sindicales".
La menor recaudación que supondrá elevar este mínimo exento, respecto a los 2.000 euros por año trabajado que se incluyó en el anteproyecto de ley, no se compensará, según Ferre, con ninguna otra medida, dado que la recaudación fiscal está creciendo por encima de lo previsto, lo que asegura, a su vez, que la reforma fiscal es compatible con la consecución de los objetivos de déficit público.
El 'número dos' del Ministerio de Hacienda defendió, asimismo, la oportunidad de la reforma del Impuesto de Sociedades, que baja el tipo nominal y reestructura las deducciones.
