El lunes se celebra una cumbre en Madrid que reúne a asociaciones, Secretaría General de Pesca y la Aecosan
n n n Las críticas de armadores e industria transformadora del sector atunero por la posible prohibición del método de congelación en salmuera van a ser escuchadas por el Gobierno. Las asociaciones Anfaco, Conxemar, Cepesca y Opagac se sentarán cara a cara con las comunidades autónomas, la Secretaría General de Pesca y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, dependiente del Ministerio de Sanidad, en una cumbre que se celebrará el lunes en Madrid. Este será el momento elegido por los empresarios para pedir "una defensa enérgica del sector", en palabras de Juan Manuel Vieites, secretario general de Anfaco.
La cumbre sustituye así al encuentro que había solicitado la industria para este viernes en Vigo, que el secretario general de Pesca, Alberto López-Asenjo, tuvo que anular por los problemas con el cupo de la sardina.
Para Vieites, esta reunión implica que la crisis del atún se ha convertido ya "en un problema nacional", porque no solo afecta a los 500 trabajadores directos de la transformación gallega, también la pesca o la mojama andaluza y murciana. El secretario general de Anfaco se muestra sorprendido de que hasta la fecha solo su organización "tirase del carro" y aprovechará la cumbre del lunes para mostrar los estudios científicos de los que dipone la organización que demuestran la seguridad de este proceso de congelación.
Actualmente, el reglamento comunitario permite que se venda al consumidor final atún congelado en salmuera siempre y cuando se mantenga la cadena de frío por debajo de los -18 grados. Por encima y hasta las -9 solo podría usarlo la conserva.
El motivo es que en caso de interrumpirse la cadena de frío las bacterias pueden desarrollarse y acabar generando histamina, que provoca intoxicaciones con problemas gastrointestinales o cutáneos. Tras detectarse en septiembre más de 150 casos en Europa, la DG Sante -dirección general europea de seguridad alimentaria- exigió a España dureza.
La preocupación por la posible prohibición de este método comienza la semana pasada con la auditoría que realizaron los técnicos de DG Sante y Aecosan a varias fábricas gallegas. Pero su dictamen tardará aún quince días.n
