El secretario de Estado, José Enrique Fernández de Moya, explicó a los empresarios que se han destinado más de 200.000 millones a dar liquidez a comunidades y ayuntamientos
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, puso en valor en Vigo la apuesta del Gobierno por los "mecanismos extraordinarios de liquidez" para financiar a comunidades autónomas y entidades locales desde 2012 y durante la crisis.
Fernández de Moya ofreció ayer una conferencia en el Círculo de Empresarios de Galicia, donde destacó las medidas para reducir los volúmenes de deuda comercial de las administraciones territoriales en el marco de las tres fases del denominado Plan de Pago a Proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y a través de los fondos liberados por el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y el Fondo de Financiación a Entidades Locales.
El secretario de Estado, que fue presentado por el presidente del Instituto de Censores Jurados en Galicia, Enrique González, precisó que estas medidas fueron impulsadas en un momento en que las administraciones no podían acudir a los mercados para financiarse" y que, además, "no estaban pagando a sus proveedores". Así, entre 2012 y 2017 se destinaron más de 200.000 millones a medidas de liquidez y en 2017 más de 27.000 millones, de los que Galicia recibió 2.000, precisó.
Pide al Tribunal de Cuentas cargar gastos del 1-O al Govern
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández, explicó ayer en Vigo que ha remitido una denuncia a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas a fin de que cuantifique "los daños causados al erario público" para organizar la consulta del pasado 1 de octubre y se reclamen esos fondos a los miembros del extinto Gobierno de Cataluña. De igual modo, pide que se analice la responsabilidad que puedan tener en este proceso las entidades Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana (ANC).
Precisó que la denuncia fue enviada el pasado 20 de octubre para requerir que se aclaren "las actuaciones contractuales y administrativas" dirigidas a utilizar "patrimonio público y medios materiales" para organizar y celebrar el referéndum. Precisamente en ese sentido, busca que se defina el montante total y que se "identifique" al Govern como "responsable" de ese gasto de dinero público.
