Autoriza romper los contratos con los concesionarios y fijar fecha para que las asuma Fomento
n n n El Consejo de Ministros aprobó ayer el rescate de ocho de las nueve autopistas de peaje que están en quiebra al autorizar la anulación de los contratos con las actuales sociedades concesionarias de las vías.
El Gobierno también ha instado a que se determinen las fechas exactas en las que el Ministerio de Fomento, a través de su sociedad Seittsa, pase a hacerse cargo de las citadas autopistas en quiebra, según informó el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En concreto, el Consejo ha autorizado rescindir siete de los contratos de concesión. Se trata del correspondiente a las autopistas radiales R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, y a los de la R-4 Madrid-Ocaña, la R-2 Madrid-Guadalajara, la M-12 Madrid-Aeropuerto de Barajas, la AP-36 Ocaña-la Roda, el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y la Circunvalación de Alicante.
La ruptura de los contratos supone un proceso de trámites administrativos, entre ellos la consecución de informes de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado. Una vez que estén listos, el Consejo de Ministros volverá a ratificar la resolución contractual.
En paralelo, con el fin de garantizar la continuidad del servicio de las autopistas, el Ejecutivo ha instado al delegado del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas a determinar la fecha en que Fomento pasará a hacerse cargo de estas vías.
El primero, el MIÉRCOLES
Por el momento, sólo hay fecha para el rescate para tres de ellas. La R-4 será asumida por el Ministerio el próximo miércoles 21 de febrero y la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante el 1 de abril, en la fecha que el juez dictó para que pasen al Estado. Fomento prevé asumir el resto de vías entre lo que queda de este mes y el de marzo, si bien fijará la fecha de acuerdo con los juzgados que acordaron su liquidación y con sus administradores concursales, según destalló el Ministerio. En cuanto a la otra vía quebrada, la AP-41 Madrid-Toledo, el Ejecutivo aún no ha anulado el contrato, dado que esta vía no ha alcanzado la fase de liquidación en el proceso de concurso de acreedores en que están inmersas todas ellas desde 2012.
El objetivo de Fomento con este rescate es "garantizar que las autopistas sigan prestando servicio a los usuarios" tras la quiebra de sus actuales sociedades concesionales, mientras se vuelve a ceder su explotación a empresas privadas mediante un concurso público que "lanzará en los próximos meses", según recordó Méndez de Vigo.
Las sociedades concesionarias de las vías con las que el Ejecutivo rescinde el contrato están participadas por grupos concesionales como Abertis y Globalvía, grandes constructoras como ACS, Ferrovial, OHL y Sacyr, y entidades bancarias.
El pasado martes, el pleno del Congreso aprobó una proposición no de ley en la que exige al Gobierno renunciar "de forma explícita" a volver a privatizar las nueve autopistas quebradas y rescatadas y paralizar los procedimientos de licitación ya iniciados.
La iniciativa, llevada al Pleno por Unidos Podemos y finalmente pactada con ERC, era respaldada por toda la Cámara Baja a excepción del PP, que ha optado por abstenerse y por Foro Asturias, cuyo único diputado era la única formación en votar en contra.
El texto aprobado por la Cámara Baja exigía no ampliar los períodos de ninguna concesión de las actuales autopistas de peaje que vayan finalizando su contrato.n
