El juez cifra el quebranto causado a la caja por los créditos concedidos a la compra de Alfageme
n n n El titular del juzgado de instrucción 5, José de la Mata, ha impuesto una fianza de 80 millones de euros a los exdirectivos de Caixanova acusados de administración desleal y blanqueo en la concesión de un préstamo a una sociedad vinculada a antiguos gestores de la entidad. Esta cantidad coincide con el supuesto deterioro ocasionado a la caja gallega por el expresidente Julio Fernández Gayoso, los ex directores generales Gregorio Gorriarán y José Luis Pego, el subdirector general de la caja entre 2009 y 2010, Domingo Gonzalez, y el director de la oficina principal José Benito Parente.
S e trata del caso "Alfageme" en el que se investiga el perjuicio causado a la caja extinta al conceder cerca de 135 millones de euros en créditos para la compra de la conservera. La Fiscalía sostiene que en otoño de 2005 Caixanova concedió un crédito a la sociedad Promalar, en la que contaban con intereses el que fuera presidente de la entidad Guillermo Alonso y el consejero Fernando García del Valle, con el objetivo de "ayudar a reflotarla".
beneficios económicos
En opinión del Ministerio Público, los máximos gestores gallegos "querían beneficiar económicamente a los accionistas por su estrecha relación" con la caja, "facilitando su salida de la sociedad en condiciones favorables" a pesar de contravenir los intereses de la propia Caixanova. Para ello "se simularon contratos que ocultaban la verdadera naturaleza y la finalidad de las operaciones de financiación concedidas a Promalar", fundada en en el año 1999 por el también investigado en esta causa Juan Lago, que era su administrador, para la compraventa de inmuebles y la promoción inmobiliaria. Promalar recibió un primer préstamo de Caixanova de 60 millones de euros y posteriormente otros dos, uno de 9,25 millones y otro de 5 millones de euros. Pero el destino de los fondos no fue reflotar la empresa, sino beneficiar a sus accionistas mediante transferencias a varias cuentas bancarias, según la Fiscalía Anticorrupción.
El daño ocasionado trascendería a los propios intereses de Caixanova, al tratarse de una entidad intervenida por el Banco de España y que ha pasado a ser administrada por el FROB, por lo que se trataría de un caso de "grave repercusión en la seguridad de la economía nacional". Para tres de los investigados -Pego Alonso, Gorriarán Laza y Fernández Gayoso- se trata de un nuevo proceso judicial relacionado con su gestión en la caja ya que fueron condenados a dos años de cárcel cada uno por este mismo órgano en relación con el cobro de indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad y que alcanzaron los 22 millones.n
