Al Ejecutivo le toca ahora buscar una alternativa fiable con la que templar la escalada de precios
El único de los ochos reales decretos leyes que tumbó ayer el Congreso, sobre regulación del alquiler de vivienda, ha activado las alarmas sobre la relación entre el PSOE y Unidos Podemos, y de paso, sobre la fortaleza de la alianza de las fuerzas de izquierda.
La ajustada mayoría que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez daba en el pleno una muestra de buena salud, y al mismo tiempo -y es la paradoja-, un indicio de preocupación. Porque a la vez que se han convalidado siete decretos leyes, algunos esenciales en el modelo económico que esgrime el Ejecutivo para revertir la época del PP y favorecer el cambio de ciclo, se ha tumbado uno también crucial en la agenda legislativa de Sánchez.
Tras las votaciones de este martes en el Congreso, se tramitarán como proyectos de ley, y por tanto, con la posibilidad de modificaciones a través de enmiendas, aspectos tan relevantes para el Gobierno como la revalorización de las pensiones, la exención de IRPF en los permisos de paternidad y maternidad o la subida salarial de los funcionarios y de los empleados públicos. En todos estos casos han cuajado amplias mayorías.
Pero ha bastado ese "no" al decreto del alquiler para que se enciendan las alarmas en los despachos de PSOE y de Unidos Podemos. El rechazo, el único de la sesión y el primero desde que Sánchez arribó a La Moncloa, se ha producido en la votación de una batería de medidas destinadas a regular el alquiler de la vivienda, asunto de envergadura social por el aumento de los precios, desmedido según qué situaciones y en ciudades como Madrid y Barcelona.
rechazo tajante
Podemos, a través de su portavoz, Irene Montero, dejó claro antes incluso de que el ministro José Luis Ábalos, subiera a la tribuna para defender el decreto, que no lo apoyaría; es más: rechazaba incluso tramitarlo para que continuara la negociación. Su oposición se unía así a las de Ciudadanos, PP o ERC y ensanchaba la horquilla de los "noes" hasta condenar el proyecto a la derogación. Es el cuarto real decreto-ley que se rechaza desde 1979.
Al Ejecutivo le toca ahora buscar una alternativa con la que templar la evolución del alquiler, sobre todo la escalada de precios, uno de los aspectos que por omisión ha llevado a Podemos a rechazar el decreto. Otro punto de desacuerdo ha sido el de la potestad de los ayuntamientos para influir en tales precios.
Las negociaciones entre PSOE y Podemos continuarán en cualquier caso, tal y como ha destacado la portavoz socialista, Adriana Lastra, para quien una de las opciones que no conviene descartar es precisamente la presentación de un nuevo real decreto. Con todo, tanto en el Gobierno como en Podemos han recalcado que estas desavenencias sobre el alquiler no tienen por qué interferir en las conversaciones sobre el proyecto presupuestario.
Montero así lo ha expresado en la misma comparecencia ante la prensa en la que anunciaba que Podemos rechazaba el decreto. Y la vicepresidenta, Carmen Calvo, por su parte, aseguró que las cuentas del próximo ejercicio no están ni mucho menos perdidas.
Será la prueba del algodón para las fuerzas políticas de izquierdas, que desde las elecciones andaluzas miran de reojo las posibles coincidencias entre PP y Ciudadanos.
El macrodecreto para la subida de las pensiones sí sale adelante
El Congreso convalidó ayer el Real Decreto Ley de subida de pensiones y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo por el que se revalorizan todas las pensiones un 1,6% y las mínimas un 3%, y por el que se aprueba la subida del 1,25% de la base mínima de los autónomos, que ya entró en vigor el pasado 1 de enero. El Real Decreto salió adelante con los 180 votos de PSOE, Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, EH-Bildu y Coalición Canaria.
Durante la fijación de posturas, el diputado de Cs Sergio del Campo dijo que su grupo "iba a votar a favor con la nariz tapada", y finalmente la formación naranja se abstuvo.
Además de la subida de todas las pensiones y de la subida de la pensión mínima, la norma recoge el aumento de cuatro puntos del porcentaje de la base reguladora para el cálculo de la pensión de viudedad, que se suma a la mejora de los cuatro puntos aprobada en julio.
De acuerdo con las organizaciones de autónomos, se contempla que el tipo de cotización pasa a ser del 30%, con lo que los autónomos personas físicas tendrán que pagar 5,36 euros más al mes (64 euros más al año) de lo que pagan actualmente, aunque a cambio recibirán una mayor protección. Para acomodar la subida de tipos y bases se pactó incrementar el tipo de cotización escalonadamente: en 2019 será del 30%, en 2020 el 30,3% y en 2021 escalará al 30,6%.n
