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El cerco ve un "doble castigo" en el reparto de la cuota de la caballa

El cerco gallego protestó en Vigo en el año 2015 porque no tenían más cuotas de pesca a mitad de año.
photo_camera El cerco gallego protestó en Vigo en el año 2015 porque no tenían más cuotas de pesca a mitad de año.

La flota gallega del cantábrico noroeste podrá capturar 1,6 millones de kilos, cuatro veces menos que la vasca

El ministerio de Agricultura y Pesca hizo público ayer a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) el reparto de cuotas para la caballa y el bacalao en el noroeste, zonas VIIIc y IXa, con el pleno rechazo de la principal asociación gallega del sector, Acerga.
Los datos son sencillos. Los 96 miembros de Acerga podrán capturar este año 1.573.403 de kilos de caballa, un 7% más que el año pasado. "De ninguna manera es suficiente", explica claramente Andrés García, portavoz de Acerga. Este entiende que la flota gallega recibe un "doble castigo" a la hora de asignarse las cuotas. Por un lado, se le resta de sus posibilidades de pesca la multa por sobrepesca en años anteriores, 5.500 toneladas en total, que no todos los buques cometieron. Por el otro, el ministerio se basa en el histórico de capturas de cada barco para hacer el reparto, lo que afecta a Galicia pues no todos los buques acudían a esa pesquería.
Esto lleva a que, por ejemplo, la flota cerquera del País Vasco reciba más de 4 millones de kilos en cuotas de caballa, "cuando ellos sí fueron culpables de sobrepesca", explica García.
El cerco lleva una década en pie para lograr más cuotas, pues muchos de los barcos se quedan sin posibilidades de pesca poco después de empezar la campaña. Actualmente tienen denunciado ante la justicia el anterior reparto, proceso del que todavía no hay novedades. En los tres últimos años han recrudecido sus protestas. En el 2015 acamparon ante la Xunta, sin éxito, para pedir un cambio en el reparto.
Este es precisamente el punto en el que sector y ministerio discrepan. En el 2015 pidieron amparo en la Unión Europea con una carta a Joao Aguiar, director de la DGMare, en la que indicaban que el actual reparto "no contempla de forma objetiva y proporcionada los criterios de carácter social y económico" recogidos en el artículo 17 de la Política Común Europea (PCP); y consideraron que es "responsabilidad de las instituciones de la Unión Europea velar y salvaguardar que los Estados miembros cumplan con las disposiciones y criterios establecidos en la legislación europea".

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