La nueva Ley de Contratos del sector público incrementa la obligación de contratar a personas con discapacidad en las administraciones. Cegasal advierte que quiere ser un aliado pero que estará vigilante para que se cumpla
nnn La nueva Ley de Contratos del Sector Público ha traído buenas noticias para las personas con discapacidad, porque eleva la obligación de reserva de empleo por parte de las administraciones a entre el 7 y el 10%.
"Para nosotros es de un calado impresionante -explica el presidente de la Asociación empresarial galega de centros especiais de emprego sen ánimo de lucro, Cegasal, José Antonio Vázquez- porque refleja que la reserva de carga de trabajo es para los centros especiales de empleo de iniciativa social, es decir, sin ánimo de lucro, lo que nos da la razón a la filosofía que imprimimos en Galicia desde hace veinte años, con muchas críticas", precisa. Señala que la diferencia está en que "son iniciativas donde las inversiones vuelven de nuevo a las personas y esta ley nos va a fortalecer y a generar más carga de trabajo en nuestras empresas", subraya.
Para que se cumpla, Cegasal ya ha iniciado una campaña en la administración autonómica, local y provincial con las diputaciones para explicarles "qué dice la ley, que hay que cumplirla y que vamos a estar vigilantes", advierte José Antonio Vázquez, que también espera que "las administraciones nos vean como aliados, no como inspectores".
En la administración autonómica ya se han dado pasos con la constitución de una comisión de seguimiento donde está la Xunta y las dos patronales, la de centros especiales de empleo Cegasal y la patronal de empresas de inserción laboral. "Queda mucho recorrido, nos queda el 90%" asegura el presidente de Cegasal que aspira a que se cumpla la ley "no porque lo diga un papel, sino porque se lo crean de verdad, porque detrás de esas tarjetas que necesitan de la imprenta o del trabajo para cortar el césped hay personas que gracias a eso puede desarrollar su vida en sociedad y que dan una oportunidad a quien lo tiene muy difícil en el mundo laboral", precisa.
La empresa privada de más de 50 trabajadores ya tiene la obligación de contratación de un 2% de personas con discapacidad o bien contratar carga de trabajo a los centros especiales de empleo.
José Antonio Vázquez calcula que con la nueva ley si las tres administraciones cumplieran "en dos años podríamos triplicar los puestos de trabajo en nuestras empresas con entre 2.000 y 3.000 empleos directos".
El presidente de Cegasal recuerda que "la discapacidad siempre estuvo en crisis" y hace un llamamiento a la voluntad política para poner en marcha los nuevos contratos. "La sociedad civil está pidiendo cosas diferentes, entre ellas las oportunidades a personas que lo pasan mal", subraya.
Cegasal emplea a 1.250 trabajadores en 18 centros de empleo repartidos por toda la comunidad. En 2016 facturo 25 millones de euros. n
