La empresa de prefabricados de hormigón Castelo, rescatada por sus trabajadores en 2011, vive sus últimas horas.
El administrador concursal la compañía lleva en concurso casi dos meses- acaba de solicitar en el juzgado de lo Mercantil número 3 en Vigo la liquidación de la sociedad y la extinción de los contratos de casi el 100% de la plantilla, formada por unos 140 trabajadores en sus tres centros, mientras que quedaría un mínimo del personal para gestionar cobros de facturas pendientes, según confirmó a este diario el comité de empresa.
Castelo con plantas de producción en Porriño, Coirós (Coruña) y Ocaña (Toledo)- se encontraba en una situación límite con una deuda de unos 4,5 millones de euros y unas cuentas muy deterioradas que impidieron un acuerdo con los acreedores y que llevó al administrador a solicitar la liquidación de la misma.
La compañía apenas tenía actividad y la planta que tiene en Porriño, donde está la sede, ya llevaba varios días sin trabajar y con parte de la plantilla secundando una huelga indefinida ante la falta de expectativas de futuro. Los empleados protestaban también por varias nóminas y pagas extra que la compañía les adeudaba y la situación ya era límite en las últimas semanas, sin materia prima ni luz en las instalaciones. Los empleados estaban afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que expiró el pasado 31 de diciembre y que ahora desembocará en despidos y cierre.
Castelo Soluciones Estructurales, uno de los mayores fabricantes de prefabricados de hormigón del noroeste de España, nació en agosto de 2011 de la mano de sus trabajadores. Es heredera de la extinta Prefabricados Castelo, propiedad de la familia porriñesa Pérez Leirós, que cesó la actividad tras medio siglo de actividad y fue rescatada por su plantilla que reaunudó el trabajo con obras en el nuevo hospital de Vigo, en el AVE y otras de menor calado. La compañía de la que procedían estaba especializada en obra civil, edificación residencial, eficiencia energética y acústica con obras en aparcamientos, casas, centros comerciales, depuradoras, edificios penitenciarios, pabellones deportivos, hoteles o pasos subterráneos, entre otros.
El proyecto empezó bien, pero pronto comenzaron las primesas tensiones entre los trabajadores, convertidos en gestores, que a día de hoy continúan, según pudo saber este diario por varios sindicatos consultados. Así, en julio de 2013 entró en preconcurso de acreedores, una fórmula legal que le permitía cuatro meses para negociar la deuda y blindarse de cara a posibles demandas de los acreedores. Pero no llegó a agotar el plazo ya que en octubre solicitó el concurso de acredores y el juez del Mercantil de Vigo lo declaró en noviembre al no al lograr un acuerdo con el núcleo duro de los acreedores, formado por ocho empresas que aglutinaban el 30% de la deuda. Antes, sí había alcanzado un principio de acuerdo con la banca y con el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), pero desde entonces la situación empeoró hasta el punto de pasar a preparar la liquidación, que se prevé que se produzca de manera inminente.n
Castelo con plantas de producción en Porriño, Coirós (Coruña) y Ocaña (Toledo)- se encontraba en una situación límite con una deuda de unos 4,5 millones de euros y unas cuentas muy deterioradas que impidieron un acuerdo con los acreedores y que llevó al administrador a solicitar la liquidación de la misma.
La compañía apenas tenía actividad y la planta que tiene en Porriño, donde está la sede, ya llevaba varios días sin trabajar y con parte de la plantilla secundando una huelga indefinida ante la falta de expectativas de futuro. Los empleados protestaban también por varias nóminas y pagas extra que la compañía les adeudaba y la situación ya era límite en las últimas semanas, sin materia prima ni luz en las instalaciones. Los empleados estaban afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que expiró el pasado 31 de diciembre y que ahora desembocará en despidos y cierre.
Castelo Soluciones Estructurales, uno de los mayores fabricantes de prefabricados de hormigón del noroeste de España, nació en agosto de 2011 de la mano de sus trabajadores. Es heredera de la extinta Prefabricados Castelo, propiedad de la familia porriñesa Pérez Leirós, que cesó la actividad tras medio siglo de actividad y fue rescatada por su plantilla que reaunudó el trabajo con obras en el nuevo hospital de Vigo, en el AVE y otras de menor calado. La compañía de la que procedían estaba especializada en obra civil, edificación residencial, eficiencia energética y acústica con obras en aparcamientos, casas, centros comerciales, depuradoras, edificios penitenciarios, pabellones deportivos, hoteles o pasos subterráneos, entre otros.
El proyecto empezó bien, pero pronto comenzaron las primesas tensiones entre los trabajadores, convertidos en gestores, que a día de hoy continúan, según pudo saber este diario por varios sindicatos consultados. Así, en julio de 2013 entró en preconcurso de acreedores, una fórmula legal que le permitía cuatro meses para negociar la deuda y blindarse de cara a posibles demandas de los acreedores. Pero no llegó a agotar el plazo ya que en octubre solicitó el concurso de acredores y el juez del Mercantil de Vigo lo declaró en noviembre al no al lograr un acuerdo con el núcleo duro de los acreedores, formado por ocho empresas que aglutinaban el 30% de la deuda. Antes, sí había alcanzado un principio de acuerdo con la banca y con el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), pero desde entonces la situación empeoró hasta el punto de pasar a preparar la liquidación, que se prevé que se produzca de manera inminente.n
