La Audiencia Nacional ha admitido la diligencia de embargo, presentada el pasado 4 de diciembre de 2018, y acuerda el embargo preventivo de los bienes, de uno de principales encausados, Fernández Andrade.
En concreto, está acusado de presuntos delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, estafa e insolvencia punible, de acuerdo con los hechos relatados en el escrito de acusación del fiscal de 23 de abril de 2018. En dicho escrito se le exigen responsabilidades pecuniarias por importe de 378.000 euros en concepto de multa, y 121.098 de responsabilidad civil. El acusado actuaba en el consejo de administración de Pescanova SA como representante de tres sociedades, al tiempo que trabajaba en dicha sociedad con la categoría de director general de Área, tenía poderes de gestión y representación de dos de sus filiales, y formó parte del órgano de administración de otras nueve. Según el escrito de acusación del fiscal, el 13 de febrero de 2014 el Tribunal Central de Instrucción Criminal de Lisboa bloqueó dos cuentas en Portugal a nombre de Quinta do Sobreiro SL con un saldo de 4.6 millones. Teóricamente se trata de una sociedad copropiedad del acusado.
