El concejal de Urbanismo firmó la resolución que fija para ese día lel derribo de una vivienda en la parroquia de Donas, declarada ilegal por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
nnn El Concello de Gondomar ejecutará el próximo 23 de mayo el derribo de una vivienda unifamiliar en la parroquia de Donas cuya demolición fue ordenada, por sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en julio de 2010. La sentencia del alto tribunal gallego anuló definitivamente la licencia que permitió a un técnico del departamento de Urbanismo, su construcción. El fallo implica la demolición de la casa para devolver el terreno a su estado original.
El permiso de construcción había sido otorgado en enero de 2006 cuando era alcalde Carlos Silva, condenado por la Audiencia de Pontevedra a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística. Según el juzgado, la licencia de esta vivienda firmada el 16 de enero de 2006 no cuenta con amparo normativo ni en el Plan General de Urbanismo de 1997, anulado por el TSXG en 2001 y por el Supremo en 2005, ni en la normativa autonómica sustitutoria.
El concejal de Urbanismo, Antonio Araújo firmó esta semana la resolución que ordena el derribo del inmueble de planta baja, que ubicado en el barrio de Cruceiro pertenece a Rebeca Fernández Prieto, hija del funcionario municipal Jaime Fernández Álvarez.
La resolución firmada por el concejal y Teniente de alcalde en el gobierno bipartito contiene el día y hora de la demolición, fijada para el próximo 23 de mayo a las 9,30 horas y ya fue notificada tanto a la propietaria como a la Policía Local y a la empresa contratada por el Concello para elaborar el proyecto de demolición.
La única vía que queda a la propietaria de la vivienda es denunciar al ayuntamiento y exigirle responabilidad patrimonial por la licencia fallida otorgada en día por el propio Concello.
Fallo judicial
La decisión judicial emitida en 2010 por el TSXG se sustenta en que el gobierno municipal otorgó el permiso de obra conforme al Plan General del año 97 en un momento en el que este planeamiento ya estaba anulado por los tribunales de justicia. El tribunal consideró demostrado que la junta de gobierno local se reunió un 16 de enero del año 2006 para adoptar el acuerdo de la concesión de la licencia a sabiendas de que entonces que no existía ningún planeamiento en vigor, pero aún así otorgaron el permiso a los solicitantes.
Vecinos del entorno iniciaron un contencioso administrativo en un juzgado de Vigo que admitió a trámite la demanda y les dio la razón en el fallo ratificado después por el alto tribunal gallego . n
