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El fiscal pide dos años por construir en suelo rústico

Antonio Araújo analizó los expedientes con el director de la APLU..
photo_camera Antonio Araújo analizó los expedientes con el director de la APLU..

Eleva al juez uno de los casos que denunció en Gondomar por la APLU por delito contra la Ordenación del Territorio

nnn El Fiscal solicitó dos años de prisión y 5.400 euros de multa para un vecino de Gondomar J.M.T.R mayor de edad y sin antecedentes penales, en el juicio oral celebrado en el juzgado de lo Penal número Uno de Vigo por un delito contra la Ordenación del territorio. En su escrito sostiene que entre octubre de 2011 y noviembre de 2014, el acusado J.M.T.R., realizó obras de construcción de una vivienda unifamiliar y edificación auxiliar, así como el cierre de la finca, en una parcela de su propiedad, con una superficie de 1.132 metros cuadrados, sita en Campo Grande.
La vivienda unifamiliar está realizada con estructura de hormigón y cerramiento de piedra, encontrándose en noviembre de 2014 en ejecución y contando entonces con planta baja, y la edificación auxiliar se encuentra en los límites de la esquina sudeste de la parcela sin retranqueo alguno. Todo ello se llevó a cabo sin haber solicitado ningún tipo de autorización o licencia para realizar dichas obras y encontrándose la parcela ubicada, según las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Gondomar en suelo no urbanizable y en suelo rústico. 
Durante la vista, el propietario de la finca, J.M.T.R, declaró que “en 2007 había solicitado por escrito licencia y en 2014 volvió a presentar otro escrito en el Concello de Gondomar para regularizar la situación”. Afirmó que no sabía que en ese suelo no se pudiera construir porque hay otras viviendas y alegó que en 2012, el propio concejal de Urbanismo le dijo que podía construir acatando la ordenanza municipal y que no tendría problemas para obtener licencia porque estaba en trámites. "Nunca pensé que no se pudiera construir", explicó al juez el presunto infractor que ahora vive de alquiler.
El concejal de Urbanismo, Antonio Arauxo, explicó a este diario que se trata de una de las siete viviendas 'ilegales' ubicadas en la parroquia de Morgadáns denunciadas por la Axencia de protección da legalidade Urbanística (APLU), organismo  que depende de Medio Ambiente de la Xunta con competencias en suelo rústico. 
En este sentido, argumentó que la vivienda en cuestión podría ser legalizada en mes y medi, en cuanto la Xunta se pronuncie sobre la delimitación del núcleo rural de Campo Grande en Vilas-Morgadáns, remitido a la Consellería de Medio Ambiente hace mes y medio tras su aprobación en el pleno de enero.
El asunto llegó a los tribunales porque  una vez que la APLU abre un expediente administrativo por infracción detectada de oficio o mediante una denuncia, lo pone en conocimiento de la Fiscalía para que ésta actúe también por la vía penal al entender que es un delito contra la ordenación del territorio. “No será el único caso, hay varios que están en capilla” apuntó Araujo, al indicar que el juzgado ya reclamó información sobre los otros casos al Concello". 
Además de esta vivienda hay otra denunciada  en San Roque y cinco más en Vilas y Prado- todas ellas prefabricadas, con una superficie inferior a los cien metros cuadrados y pertenecientes a personas "que tras haber abonado la licencia y el proyecto quedaron atrapadas  en el limbo del PGOM de 2005", argumentó. "Es cierto que esta familia edificó sin licencia, y eso requiere una sanción administrativa pero está muy lejos de ser un atentado contra el medio ambiente”, insistió al apuntar que se levantó en un núcleo tradicional legalizable. n 

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