Empresas optan por la vía judicial para cobrar facturas

nnn  Son cerca de 3.000.000 de euros en facturas por contratos de servicios prestados o trabajos realizados al Concello de O Porriño, las que han sido rechazadas por el ejecutivo de manera totalmente arbitraria. Un contratiempo que supone un serio perjuicio para las empresa y sus trabajadores, que en el mejor de los casos llevan un año sin poder cobrar y se ven en la obligación de recurrir a la vía judicial para su cobro, aumentando el cargo a las arcas municipales al tener que abonar costes judiciales e intereses. 
     "Si ya contábamos con cerca de 3.000.000 de euros gastados en limpieza viaria y desbroces, con facturas divididas en cantidades inferiores a los 18.000 euros, con miles de reparos de Intervención (ya en 2016), sobre esta facturación, ahora nos encontramos con este nuevo método para eludir la contratación", afirman desde el grupo del Partido Popular porriñés, "estupefactos" ante  tal situación.
      Según ha podido saber este diario, se trata de servicios, obras o suministros que están previstos en las cuentas municipales y que han sido realizados sin contar con partida presupuestaria o sin contrato. Entre ellos, la recogida de residuos urbanos que se presta mensualmente, mantenimiento de campos de fútbol o la gestión y actividades de la Piscina Municipal que, a modo de ejemplo, no cobra por sus servicios desde abril de 2017 teniendo que recurrir hasta en tres ocasiones a la vía judicial. Y engrosando más este desmesurado montante económico, orquestas, bandas de música, actividades culturales, servicios prestados por asociaciones del municipio, compra e instalación de papeleras, adquisición e instalación de "pipicáns" y un importante cúmulo de obras acometidas en el casco urbano y parroquias (por ejemplo, la reforma de la Plaza de Abastos Municipal). Obras, servicios y suministros a todas luces prestados y obras realizadas (cuya acometida se puede probar), que son "no conformados" por los concejales delegados o la alcaldesa, rechazando el pago de estas facturas y evitando así, en la mayoría de los casos, que Intervención formule el pertinente reparo por no contar con partida presupuestaria ni haber respetado el procedimiento de contratación legalmente establecido, evitando de esta forma que se fiscalice dicha facturación.
     No reconocer y rechazar estas facturas supone negar que ese servicio se ha prestado o que se han incumplido las condiciones de un contrato, en la mayoría de los casos inexistente, poniendo en tela de juicio la veracidad de la realización de estos trabajos que, en muchos casos, han sido publicados en prensa por el propio gobierno municipal y en otros muchos, existen partes de trabajo firmados por concejal o trabajadores municipales constatando la prestación de este servicio. A juicio de los Populares de O Porriño, "este regate del ejecutivo al principio básico de contabilidad administrativa y a las leyes que estipulan que una administración no gaste lo que no tiene, supondrá cargar al ejercicio de 2018 todos estos gastos, volviendo a recurrir con toda probabilidad a la figura del REC o crédito extraordinario para poder abonar, de manera totalmente irregular, esta cuantía". 
    Además del perjuicio enorme que para las empresas suponen estos impagos, estos hechos, considerados de extrema gravedad por los populares, han sido puestos ya en conocimiento de los organismos competentes. n