La sentencia sobre la pirotécnica de Baldráns centró la comisión institucional del Parlamento
n n n La directora xeral de Administración Local, Marta Fernández-Tapias, aseguró ayer que la competencia de ejecutar la sentencia que anulaba las licencias de actividad y obra de la sede de la pirotecnia La Gallega, situada en Baldráns, es del Ayuntamiento de Tui. "Nosotros no opinamos sobre sentencias, nos limitamos a cumplirlas y a ejecutarlas. Y en este caso tanto la ejecución de la sentencia como la fiscalización sobre lo que se hizo corresponde al ámbito local".
El caso de La Gallega centró la sesión de ayer de la Comisión Institucional del Parlamento, con la intervención de la diputada socialista Marta Vilán, que puso el foco en la sentencia que ordena la demolición y desalojo de la sede de la pirotecnia del empresario investigado por la explosión de Paramos.
Según el relato de Vilán, la licencia para ampliar la sede de Baldráns, que después fue anulada -lo que implicaba la demolición de las instalaciones-, se concedió "durante el mandato del PP" en Tui. Posteriormente, recordó, fue anulada por sentencia judicial -confirmada con firmeza en 2015- y el entonces gobierno local del PSOE "ordenó y vigiló su clausura".
Sin embargo, añadió que, en el momento en el que se produjo la moción de censura promovida por el PP, entre otros grupos, que situó en la Alcaldía a Carlos Vázquez Padín, de Converxencia 21, este control "dejó de realizarse. No se hizo nada y se empezó a requerir judicialmente que se ejecutase la sentencia", esgrimió la socialista.
"Nosotros no opinamos sobre sentencias, la Xunta no es un ente fiscalizador de ningún alcalde ni ayuntamiento. El control externo sobre la legalidad de la decisión de cualquier Administración pública es de las tribunales y, en este caso, es al pleno del Ayuntamiento al que le toca fiscalizar. Nosotros no tenemos competencias y trasladamos el máximo respeto a la autonomía local", respondió la directora xeral. En todo caso, recordó que la sentencia fue dictada cuando gobernaba el PSOE, por lo que "la obligación de ejecución es desde esa fecha". "¿Le preguntó usted a su compañero, el alcalde de entonces, por qué no ejecutó la sentencia?", cuestionó Marta Fernández-Tapias.
La secretaria xeral reivindicó seguidamente la actuación de la Xunta al impulsar ayudas "en tiempo récord" tras la explosión de Paramos, una actuación que contrapuso con la de otras administraciones como la Diputación de Pontevedra o el propio Gobierno central. Un Ejecutivo estatal, añadió, "que es el que tiene las competencias de vigilancia en lo que respecta a la actividad de todas las pirotécnicas". n
