val miñor

Araújo firmó la demolición de la casa de un funcionario en Donas

Antonio Araújo, Manifesto Miño
photo_camera El Concejal de Urbanismo, Antonio Araújo firmó la demolición el viernes.

El TSXG anuló en 2010 la licencia otorgada en 2006 por Carlos Silva, con el PGOM anulado 

nnn El Concello de Gondomar ejecutará con carácter inminente el derribo de una vivienda unifamiliar en la parroquia de Donas cuya demolición fue ordenada, por sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en julio de 2010. Una sentencia  que anuló definitivamente la licencia que permitió a un técnico del departamento de Urbanismo su construcción.  El permiso fue otorgado en enero de 2006 cuando era alcalde Carlos Silva, condenado por la Audiencia de Pontevedra a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística. Según el juzgado, la licencia de esta vivienda firmada el 16 de enero de 2006 no cuenta con amparo normativo ni en el Plan General de Urbanismo de 1997, anulado por el TSXG en 2001 y por el Supremo en 2005, ni en la normativa autonómica sustitutoria. 
      El concejal  de Urbanismo, Antonio Araújo firmó el viernes pasado la resolución que ordena el derribo del inmueble de planta baja, que ubicado en el barrio de Cruceiro  pertenece en la actualidad a Rebeca Fernández Prieto, hija del funcionario municipal Jaime Fernández Álvarez, que trabaja en la oficina municipal de Urbanismo.
    El edil de Urbanismo, Antonio Araújo declaró que no queda más remedio que tomar  esta medida, non porque nos queiramos,  senon porque é unha orde do xuzgado". Para Araújo, es por tanto, "un imperativo legal, unha cuestión que nos ven dada", subrayó. Argumentó que el asunto no es nuevo y que en cualquier caso mientras no se ejecute la sentencia hay esperanza .
      En terminos parecidos se  expresó el alcalde, Paco Ferreira,  quien explicó que cuando llegó a la alcaldía se encontró con esta situación. "El juez me requería cada quince días", por lo que en su opinión no queda otro remedio que cumplir la sentencia. "Me consta que el concejal de Urbanismo intentó por todos los medios un acuerdo entre los propietarios y el vecino que les denunció", explicó.  Añadió que el Concello encargó el proyecto de demolición de la vivienda a una empresa que se encargará de demoler el inmueble y posteriormente pasará los gastos al propietario por vía ejecutiva.
    Su  antecesor, Fernando Guitián  consideró "terrible" que el Concello no continúe la lucha que "nosotros hicimos durante cuatro años para que no llegara este momento". En ese sentido indicó que  mientras fue alcalde  "intentamos por todos los medios salvar la casa" y recordó que tuvo que pagar una multa al juzgado de 1.500 euros "porque el juez entendió que no acaba la sentencia". Según Guitián, la vivienda está en un núcleo rural actualmente en vigor dentro de las normas subsidiarias del 91. Sin embargo, "por un extraño motivo legal, la sentencia consideró que no lo estaba o que no era legalizable" mientras que en  opinión del ex alcalde y actual portavoz del PP si lo es".  
   Recordó que Araujo  está intentando salvar de las  máquinas otros seis inmuebles en Morgadáns, también legalizables  y aseguró no entender muy bien que criterio  se sigue en Urbanismo, ya que " si se salvan unas casas  se salvan las de todos, o todos tienen derecho o no lo tiene ninguno", explicó .
     La demolición de esta vivienda fue ordenada en febrero de 2008 y ratificada en firme por el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia en julio de 2010. El fallo implica la actuación de la piqueta para devolver el terreno a su estado original. n
 

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